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 A principios de este mes de julio el Gobierno ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de ley de 2018 de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, esto es, la esperada reforma de la legislación civil en materia de protección a las personas con discapacidad.
 
Esta norma (el anteproyecto que se someterá a su tramitación parlamentaria) supone un cambio radical no solo en la legislación sobre incapacidad y tutela, sino también en la concepción misma de las medidas de protección y en la visión de la persona con discapacidad, partiendo del principio general de que no existe una persona incapaz, sino capaz pero necesitada de apoyo para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica (tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de su vida). En consecuencia, se trata de un notable cambio respecto de la legislación actual, que se fundamenta en la limitación de la capacidad y así y como norma muy significativa, contempla que en ningún caso podrá incluir la sentencia la mera prohibición de derechos (que es la fórmula actual de la limitación de la capacidad).
 
También supone un importante y fundamental cambio en la concepción de las personas llamadas a prestar ese apoyo, que ahora deberán actuar atendiendo a la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Del mismo modo implementa un cambio esencial en los mecanismos legales para estas situaciones, pues la tutela queda reservada a la protección de menores sin patria potestad o en situación de desamparo y para los mayores de edad, se establecen tres mecanismos, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial:
 
El Guardador de hecho es la persona que ejerce el apoyo de otra sin que existan medidas voluntarias o judiciales que se estén aplicando eficazmente, es decir, una situación de mero consentimiento.
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La Curatela se establece para quienes precisen el apoyo de un modo continuado (al estilo de la tutela actual), su extensión vendrá determinada en la resolución judicial (como actualmente) y sobre todo, se prevé la revisión judicial periódica de la situación, que debe incluir un informe pericial elaborado por un facultativo designado. Se diferenciará según se trate de curador representante o curador no representante, en función del grado de apoyo que precise la persona (al modo de la actual tutela/curatela). La figura del Defensor judicial queda relegada a situaciones de necesidad ocasional, aunque sea recurrente. Conserva ciertas cautelas y garantías, como es la necesidad de un procedimiento judicial, un régimen de funcionamiento y fiscalización del curador similar al del actual tutor, etc. Contempla además un apartado específico para la asistencia en caso de prodigalidad (al modo de tutela patrimonial actual).
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Como principios inspiradores de cualquier medida de apoyo, están la necesidad y la proporcionalidad de la intervención de terceros, así como la obligada participación del interesado (el anteproyecto repite en diversas ocasiones que ha de estarse a su voluntad, deseos y preferencias).
 
También dedica el Anteproyecto un buen número de normas a las automedidas preventivas, como puedan ser las de apoyo relativas a la persona o bienes, la posibilidad de fijar régimen de actuación y alcance de facultades, el poder preventivo, que la persona pueda proponer el nombramiento o la exclusión de un curador, etc, medidas todas ellas que deberán figurar en documento público y que vincularán al Juez salvo que aprecia causas razonadas para apartarse de ellas.
 
En definitiva, inicia la tramitación parlamentaria una norma que permitirá adaptar la legislación española a los dictados de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España en 2008.    
 
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